Cambiemos busca modificar la ley de semillas

El oficialismo en la Cámara de Diputados logró avanzar en un dictamen para modificar la actual ley de semillas, vigente desde 1973 cuando la soja apenas existía y no había transgénicos como ahora, informó La Nación.

Tras una reunión conjunta de las Comisiones de Agricultura, Presupuesto y Hacienda y Legislación General, Cambiemos emitió un dictamen mientras la oposición pidió que antes de llevar el tema al recinto se avance con su discusión en la misma Comisión de Agricultura, originaria del tema.

El proyecto apunta, según señaló Atilio Benedetti, presidente de la Comisión de Agricultura, a brindar una “protección a los obtentores y establece una restricción al uso propio gratuito”. La ley de 1973 no planteaba límites para que tras una cosecha de soja o trigo el productor se guarde semilla para volver a sembrar.

No obstante, quedan “salvaguardados” con el uso propio pueblos originarios, miembros de la agricultura familiar y los pequeños productores con una facturación de la categoría micropyme no mayor a 4, 8 millones de pesos. Es decir, estas categorías no estarán obligadas al pago del uso propio.

Todos los derechos de propiedad intelectual se pagarán en el precio de la semilla. Comprada la bolsa de semilla, la empresa deberá informar el valor de una regalía para cinco años. La norma establece algunos artículos de orden público, es decir que nada puede estar por encima de ella, como la potestad del Instituto Nacional de Semillas (Inase) como único organismo para el control en semillas.

Se plantea una deducción de Ganancias de una vez y media o 150% para los importes abonados por la compra de semillas. También se plantea una nueva constitución del Inase con 14 miembros y presidente designado por el Poder Ejecutivo.

La oposición pidió en varias oportunidades que el proyecto volviera a Agricultura e inclusive hubo voces como las del diputado Axel Kicillof que cuestionó que el Gobierno, que busca el déficit cero, plantee la desgravación. “¿Cuánto vale el artículo 10?”, se preguntó. Luego calculó que el Estado va a “transferir 900 millones de dólares” a “empresas transnacionales”. Añadió: “Es una irresponsabilidad grave”.

Tras ese comentario, el diputado Pablo Torello, de PRO, le contestó que “no tiene nada que ver con los extranjeros”. Agregó que se contempló en esto a semilleros locales que multiplican semillas.

Entre otros legisladores, Luis Basterra, vicepresidente primero de Agricultura por el FPV, solicitó la vuelta a Comisión de la iniciativa. Se quejó de que se terminó discutiendo sobre un proyecto distinto del planteado. En rigor, lo aprobado es una versión de un borrador del 25 de octubre pasado.

Basterra dijo que antes del tratamiento hubo “una catarata de Whatsapp” de actores del mismo sector agro que pedían no avanzar con la norma. Entre otros puntos, el diputado por Santa Fe Luis Contigiani pidió “no apurarse” para “no malograr” avances.

Antes de la reunión, la industria semillera hizo trascender su malestar porque en una versión anterior se avanzaba con límites a los derechos de los obtentores y contra los contratos entre privados. Además, la Comisión de Semillas de Federación Agraria y varias cooperativas señalaron que no había condiciones para un dictamen.

 

 

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